Entramos al médico mal y salimos peor. ¿Es normal?. Nos quejamos al Hospital y nuestra voz se pierde como el eco en las montañas. Algún sanitario de segunda línea, de los que tienen moral y corazón, al momento de la primera noticia nos hace algún comentario difuso sobre la intervención, en ocasiones entre una mezcla de «perdón en nombre de la Administración por lo que ha hecho mi compañero» y «sepa Ud. que siento verle así porque esto no debería haber salido de esta forma», que nos hace sospechar de la irregularidad de la situación. Y las dudas nos asaltan la cabeza: ¿Está dentro de las posibles consecuencias negativas de la operación lo que me ha pasado?, ¿es culpa de mi endeble cuerpo?, ¿o se ha cometido una negligencia médica conmigo?, ¿el divorcio del médico le ha influido en la concentración de la operación de mi corazón?, ¿la resaca de anoche del anestesista le ha mermado su pericia profesional?, ¿las irresponsables bromas entre los sanitarios han descoordinado el protocolo médico?

Ni lo va a saber, ni se lo van a decir. Al momento de la negligencia médica se baja el telón. Y aquí nadie dice nada. Nadie «se moja». Nadie recoge por escrito la verdad. Lo que ha sucedido. Lo que debería constar en el informe médico. O al menos, casi nadie.

Esta es la parte que toda profesión tiene. Tenemos grandes profesionales. Mediocres. Y malos profesionales. Estos últimos suelen ser los que cometen las negligencias profesionales.

Y no debemos tener piedad con exigirles su responsabilidad. Si quieren dedicarse a su profesión deben aceptar que requiere de una formación continua y concentración responsable en la atención. Si no quieren formarse y atender a los pacientes con la pericia correspondiente dedíquense a otra cosa. Pero si no lo hacen y aun así tratan a los pacientes sin la atención adecuada y como consecuencia de la imprudencia profesional se le causa al paciente, o sus familiares, daños físicos, morales, o económicos, deberá responder por su actuación y depurar si su responsabilidad es civil o penal.

No me refiero a consecuencias inevitables fruto de una intervención, sino de desenlaces evitables resultado de un comportamiento imprudente del sanitario.

Constantemente vemos retrasos en el diagnóstico correcto de una patología o lesión, errores de diagnóstico, intervenciones quirúrgicas con resultado lesivo, prescripción inadecuada de medicamentos o tratamientos, no seguimiento de los protocolos marcados, infecciones hospitalarias, contagio de enfermedades por transfusiones sanguíneas, daños en intervenciones quirúrgicas, maniobras médicas o por el propio material quirúrgico, fallecimiento por falta de asistencia sanitaria de urgencia, falta de consentimiento informado (alternativas y consecuencias), falta de supervisión en el post-operatorio originando complicaciones.

Y todo queda tras el telón de acero.

Y el plazo de responsabilidad patrimonial de 1 año de prescripción frente a la Administración comienza a contar desde el fallecimiento o desde la estabilización de las secuelas.

Uno no está para abogados en esos momentos, ni debería estar para odios que sólo le traerán infiernos interiores. Deberá respirar diez veces, contar veinte y recopilar ordenada y cronológicamente todos los informes médicos, pidiendo los que no haya recibido, para exigir en su momento aquello que le corresponde para cada uno. Al profesional médico lo suyo y a la victima su compensación.

El dinero no nos va a devolver la vida de nuestro familiar, ni nos va a devolver el órgano afectado, pero el resarcimiento del daño y perjuicio mediante una cuantía económica que nos facilite un poco más la vida es un derecho que alivia sutilmente, y en el aspecto patrimonial, el agravio que hemos sufrido.

Lo injusto sería sufrir el daño y, además, no recibir compensación alguna. Algo que sucede en más de las veces que podríamos pensar. Y el gremio de sanitarios, y de paciente afectados, lo saben bien. Los unos desde sus «tripas«, los otros por «destripados«.

Contactar de forma temprana con una abogado especialista como nuestro despacho es una garantía de seguir el procedimiento adecuado y dentro de los plazos debidos para maximizar las garantías de éxito.

Recientemente el Tribunal Supremo ha considerado que el baremo que se emplea para indemnizar los fallecimientos por negligencias médicas (el de tráfico) es «insuficiente» ya que las cantidades deberían fijarse entre los 500.000 y 600.000 euros.

Entre los jueces se encuentran muchos de nuestros héroes. Pero como en la ficción, son anónimos y desconocemos quiénes son y en qué Juzgados se esconden. Aquí sólo el azar, y un buen planteamiento procesal, nos llevarán a ellos.

José María Rico Muntó

Abogado laboralista en Elche

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