Cualquiera puede sufrir un accidente o una enfermedad, y quedar con reducciones anatómicas o funcionales graves definitivas que disminuyan su capacidad laboral.

Las normas parecen diseñadas para que el ciudadano no las pueda entender y no pueda reclamar lo que le corresponde. ¿Quién nos explica las circunstancias y lo que nos corresponde? Entramos en juego inevitablemente los abogados laboralistas. Profesionales que dominan la materia para asesorar al ciudadano indefenso.

Según la reducción de la capacidad de trabajo el grado de incapacidad permanente puede ser parcial, total, absoluta o gran invalidez.

 

¿Qué grado puedo tener?

Se entiende por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que ocasione al trabajador una disminución igual o superior al 33 por ciento del rendimiento normal para la profesión, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma.

Se entiende por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

Se entiende por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio.

Se entiende por gran invalidez la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse o comer.

 

¿Quién tiene derecho a las prestaciones de incapacidad permanente?

Aquellos que están en situación de alta, o asimilada al alta, en la Seguridad Social y, además, cumplan los siguientes requisitos.

Si la incapacidad permanente se debe a un accidente, sea o no laboral, o a enfermedad profesional, no será exigido ningún período previo de cotización.

Pero, si no es este el caso, en la incapacidad permanente parcial el período mínimo de cotización exigible será de 1.800 días (en los últimos 10 años).

En los demás casos, si se tiene menos de 31 años de edad, debe haberse cotizado la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 16 años y la del hecho causante de la pensión.

Si el trabajador tiene cumplidos 31 años de edad, debe haberse cotizado la cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 20 años y la del hecho causante de la pensión, con un mínimo, de 5 años (la quinta parte del período de cotización exigible deberá estar comprendida dentro de los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante).

Los grados de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez derivadas de contingencias comunes podrán causarse aunque los interesados no se encuentren en el momento del hecho causante en alta o situación asimilada a la de alta si se ha cotizado durante 15 años.

 

¿Por qué estas fórmulas tan complicadas e incomprensibles que no atienden a ninguna lógica?

Lo sabemos con sólo mirarnos a los ojos. Con estos límites los «ingenieros» de la Administración dejan a mucha gente sin prestaciones y desamparadas, para ahorrarse un dinero que pueden emplear en otros menesteres.

Se evidencia, de entrada, que en la práctica (no en la teoría) nuestros intereses no coinciden con los de la Administración. Y si dependemos de que la Administración, con su Equipo de Valoración de Incapacidades, nos de lo que nos corresponde… tenemos un serio problema (pastilla de realismo).

 

¿Qué prestación económica nos corresponde?

Por incapacidad permanente parcial una indemnización de 24 mensualidades sobre la base de cotización.

Por incapacidad permanente total una pensión vitalicia del 55% de la base reguladora. Que puede suponer del 75% para mayores de 55 años.

Por incapacidad permanente absoluta una pensión vitalicia del 100% de la base reguladora.

Por gran invalidez una pensión vitalicia del 100% de la base reguladora incrementada en el equivalente al resultado de sumar el 45 por ciento de la base mínima de cotización vigente en el momento del hecho causante y el 30 por ciento de la última base de cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de la que derive la situación de incapacidad permanente.

 

¿Cómo se calcula la base reguladora de la incapacidad?

De una forma en la que la Administración acabe pagando al trabajador menos de la base por la que ha cotizado. Una fórmula que reduce la futura pensión para ahorrarse un dinero que puedan emplear en otros menesteres.

Se hallará el cociente que resulte de dividir por 112 las bases de cotización del trabajador durante los 96 meses anteriores al mes previo al del hecho causante.

Las bases correspondientes a los veinticuatro meses anteriores al mes previo al del hecho causante se computarán en su valor nominal. Las restantes bases de cotización se actualizarán de acuerdo con la evolución que haya experimentado el Índice de Precios de Consumo desde los meses a que aquellas correspondan hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se inicie el período de bases no actualizables.

 

¿La prestación económica por incapacidad es compatible con el trabajo?

En el caso de la prestación por incapacidad permanente parcial y total es compatible con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta, siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total.

En el caso de la prestación por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del incapacitado y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión.

¿La realidad?, hoy no tengo un día con letras políticamente correctas, como Ud. trabaje es probable que le revisen con ojos suspicaces y recelosos…

 

¿La calificación de incapacidad es revisable?

Sí. Casualmente en nuestro despacho hubo una oleada de revisiones y altas a consecuencia de revisiones de personas en situación de incapacidad permanente tras la crisis de 2007. Hubo que acudir a los tribunales para que volvieran a reconocer la incapacidad al trabajador dado de alta indebidamente. Pero no en todos los casos se consiguió. Las personas que intentan acceder a prestaciones mediante engaños y fraudes hacen mucho daño a los que les corresponde. Implica dar sentido al refrán «pagan justos por pecadores«. Ya que en caso de duda se deniega por el Juez para evitar dar pábulo a los estafadores, cribando así el fraude. Cuando los informes médicos son endebles y el trabajador no quiere, o no puede, pagar informes periciales privados o el perito no transmite la veracidad correspondiente al juzgador, «el partido» puede ser para la Administración.

 

¿Y a qué menesteres se dedica el dinero que la Administración «racanea» a sus administrados?

Conforme está de coartado el derecho a la libertad de expresión en los últimos meses frente al derecho de los morales e inmorales a no ser criticados, ni bromeados, no me atrevo a ser sincero y dar mi opinión por miedo a ser procesado e incluso condenado por contar la verdad. Me reservo para nuestros clientes en nuestra intimidad profesional.

 

¿La solución?

Dos.

Políticos de nivel. Ni de derechas, ni de izquierdas. Aquellos que proponen soluciones reales y materializables a problemas de interés general sin ideología concreta. ¿Cómo detectarlos? De entrada respetan a todos aunque no piensen como ellos. Debaten ideas de otros políticos sobre la solución de un problema y no faltan al respeto a la persona del político que expone la idea.

Y ciudadanos formados que no voten por colores, sino a una solución real y justa.

Hasta entonces aquí tienen el sistema. Si no les gusta el sistema, se lo explicarán con otras palabras. Si no les gustan las palabras, se lo explicarán con otras palabras. Hasta entonces aquí tienen el sistema.

José María Rico Muntó

Abogado laboralista en Elche

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