Los trabajadores no suelen reclamar sus derechos por miedo a represalias. No quieren pedir el salario correspondiente por las 10 horas extras que han realizado ese mes, o los dos días de vacaciones que le corresponden pero que la empresa ha calculado mal, o su prioridad para elegir sus días en el calendario vacacional por su antigüedad, o el plus de nocturnidad, o su día de permiso para la mudanza, o el derecho a llevar a su hijo al médico sin tener que recuperar las horas, o los días de permiso por la hospitalización o fallecimiento de un pariente hasta segundo grado, o la subida de sueldo por antigüedad, o establecer la categoría correcta para cobrar el sueldo acorde a la misma, o ya en una ámbito del colectivo de los trabajadores negociar un horario que se ajuste a un equilibrio entre la productividad de la empresa y el bienestar de los trabajadores, ajustar los turnos para que los trabajadores disfruten de descansos en los que puedan estar con sus familias, en definitiva un sin fin de supuestos en los que el trabajador debe enfrentarse al jefe, solicitar sus derechos y negociar los términos.

¿La realidad? La mayoría de los trabajadores por miedo a represalias de la empresa no se atreven a levantar su voz. El trabajo es necesario para la subsistencia de las personas. Hay que pagar la luz, el agua, la hipoteca, los gastos de los hijos, etc. La vida está en ello. ¿Qué ponderación decantaría la balanza a favor del riesgo de obtener el pago de las 10 horas extraordinarias realizadas frente al riesgo de ser despedido como represalia empresarial? Ninguna razonable. Existe una carencia de un sistema que proteja al trabajador en el ejercicio de sus derechos.

La otra pequeña parte de trabajadores que «osa» reclamar sus derechos, son fragmentados en una turba de moléculas desesperanzadas de lograrlo cuando el empresario se los niega tan pronto la corteza auditiva del jefe interpreta los impulsos eléctricos que el movimiento de los líquidos de su cóclea crean al recibir las ondas sonoras de la voz del trabajador.

Y en cuanto a aquellos pocos afortunado que consiguen que su jefe respeten las normas y sus derechos laborales, como personas cívicas y educadas, que valoren que tienen un tesoro.

Y es que el miedo es una emoción primaria de todos los animales, incluso los humanos, y se caracteriza por ser una intensa sensación desagradable que es provocada por la percepción de un peligro, en ocasiones real, en otras imaginario o supuesto, que puede ser inminente o futurible, pero que en cualquier caso deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y que nos genera ansiedad. Y nadie quiere vivir las patologías de la ansiedad. El trabajador quiere ser feliz, busca su bienestar, y la ansiedad es un obstáculo para ello. Por eso el miedo al despido o represalias inactivan (comprensiblemente) la conducta lingüística de los trabajadores en la reclamación al empresario de lo que nos corresponde.

Así desde nuestro despacho vemos naufragar un sinfín de derechos laborales que giran y giran con efecto coriolis hasta desaguar por el sifón del inodoro hasta las cloacas de la empresa.

Ante tal situación los trabajadores deberían, en el inevitable propósito de defender su interés individual, concluir que la unión de ellos, la defensa del interés colectivo, beneficiará su interés individual. Que sólo la suma de sus fuerzas podrá permitirles establecerse al mismo nivel que el empresario para negociar las condiciones de trabajo en la misma posición de fuerza potencial.

La empresa necesita a los trabajadores, y los trabajadores el trabajo de la empresa, sin el uno no hay el otro. La empresa puede sustituir a un trabajador, pero no a todos (o a una fuerza mayoritaria unida).

¿Una posible solución? Nuestro despacho, por ejemplo, ofrece la posibilidad de unir a los trabajadores bajo la representación de estos por nuestro abogado laboralista, de forma que por una cuota mensual desde 15 euros al mes el abogado tutela que la empresa cumpla con sus obligaciones y respete los derechos de los trabajadores, y lo hace de forma anónima y para todos los trabajadores. De esta manera se garantiza la defensa de los trabajadores porque la empresa no puede despedir al abogado, ya que no es su trabajador, ni puede adoptar medidas contra ningún trabajador concreto porque ninguno es quien inicia las reclamaciones o acciones, sino que es el letrado quien se dirige a la empresa en representación de todos los trabajadores exigiéndole, por ejemplo, el control horario de entrada y salida para no exceder de la jornada establecida, la adopción de medidas correspondientes de seguridad e higiene, ajustar los salarios a los mínimos convencionales, impugnar las modificaciones de las condiciones sustanciales de los contratos, impugnación de ERE, regular las elecciones para nombrar al representante de los trabajadores, planificar huelgas ante crisis empresariales para negociar las soluciones, incluso trabajar en la defensa individual de los trabajadores acogidos a nuestra protección como la impugnación de sanciones o despidos, accidentes de trabajo, incapacidades laborales o acoso laboral, entre otros supuestos que se pueden plantear. Siendo además receptor anónimo de cualquier queja o problema individual o colectivo que realicen los trabajadores para iniciar las estrategias anónimas para la solución  o defensa de la cuestión planteada.

En esta sociedad competitiva en la que vivimos, en lugar de cooperativa, la unión hace la fuerza, dice el dicho acertadamente, pero los trabajadores aun no están dotados, en general, de esa solidaridad cooperativa inteligente que les beneficia a nivel individual. El miedo y el individualismo les sigue paralizando para defender sus derecho, su bienestar, de forma particular y también de forma colectiva, pero esta alternativa que le proponemos abre una nueva perspectiva a la espera que aquellos cuantos la necesiten no esperen a sufrir el injusto para asesorarse y en aras de la cultura de la prevención utilicen las herramientas a su alcance para evitar que ese injusto llegue, adelantándonos en la gestión de los problemas laborales mientras tienen una solución preferible.

José María Rico Muntó.

Abogado laboralista en Elche

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