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He ahí la cuestión shakesperiana. Defender los derechos laborales o sucumbir al temor del despido. Es el dilema que continuamente ronda por la cabeza de muchos trabajadores.
Cuando el trabajador tiene la mala fortuna de tener un jefe tirano que sobrepasa los límites de autoridad que este ostenta legalmente para la dirección y control de la actividad laboral el entorno del trabajo se vuelve insufrible.
Cuando el jefe déspota realiza contra el trabajador de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, suponen un grave acoso podríamos estar ante un delito contra la integridad moral del trabajador. Por ejemplo el ordenar al trabajador tareas absurdas, degradantes, de imposible realización o inexistentes, el aislamiento deliberado, la realización de burlas, críticas, vejaciones o amenazas entre otras.
En cualquier caso, sea o no delictiva la conducta del jefe opresor, el trabajador tiene reconocido su derecho a la consideración debida a su dignidad y por supuesto al ejercicio de sus derechos para la protección de la misma.
Pero en los tiempos que corren, en los que las ofertas de empleo escasean, cualquiera se arriesga a defender sus derechos laborales frente a la empresa, si se me permite la ironía. El miedo a que la represalia sea el despido hace sucumbir al trabajador, y traga con todos los actos hostiles y en ocasiones humillantes habidos y por haber.
La teoría es clara y justa, la práctica es sombría e injusta. El coste práctico de la defensa de los derechos laborales es alto. Tan alto que probablemente antes o después el trabajador tendrá que alcanzar un acuerdo de extinción del contrato laboral porque ni el ambiente será el propicio para continuar la prestación de servicios, ni el empresario gustará de los servicios del “rebelde”.
Me resulta sencillo decirlo (sé que con familia e hipoteca a cargo la sencillez se dobla en dificultad), pero a la postre es una cuestión de principios, de valores. Si tuviéramos unos fuertes principios basados en el respeto y la dignidad no permitiríamos sufrir humillaciones y accionaríamos los mecanismos que el sistema tiene, tutelados por nuestro abogado, para defender nuestros derechos laborales.
En la teoría conseguiríamos el cese de la actuación hostil, la sanción al infractor y el resarcimiento por daños y perjuicios, y sobretodo que cualquier actuación represiva de jefe cacique sería declarada nula por vulnerar la tutela judicial efectiva en su garantía de indemnidad.
En la práctica podemos reclamar nuestros derechos, ser despedidos, indemnizados e incluso llegar a sancionar económica y penalmente al jefe autócrata, pero en todo caso la visita al Servicio Público de Empleo Estatal hasta que el Juzgado dicte sentencia dentro de aproximadamente un año no nos lo quita nadie, salvo que la buena fortuna nos haga caer “in itinere” en una nueva empresa con un jefe respetuoso y cordial.
Así que ponderamos y seguimos echando la primitiva los jueves.
José María Rico Muntó
Abogado laboralista en Elche
